En palabras de Mauricio Macri, a partir del martes 3/10, la provincia de Mendoza es nuevamente prueba piloto (similar a lo sucedido en el plano de la Educación con el Ítem Aula) de las políticas de reestructuración neoliberal, implementadas por Cambiemos y su gestión de empresario. Se trata de la Cobertura Universal de Salud (en su sigla CUS) que contando con la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, se dará marcha en Guaymallén (Mendoza) con la entrega de 120 mil credenciales.

 

Esta reforma implementada por el ejecutivo nacional a mediados del año pasado, es presentada como innovación en materia de gestión de la Salud, titulándola “como una estrategia de Salud Pública, que permitirá que el Estado vaya detrás del que este perjudicado”. Lo cierto es que esta política, de manera tajante, reduce este derecho a un número básico de prestaciones, recrudeciendo así la disminución del presupuesto invertido en salud y la inequidad en su acceso y calidad. Hechos que a la larga, no significa otra cosa que la ruptura del Estado como ente responsable de proveer y comprar los servicios públicos, dejando camino libre para que las Empresas Prepagas y Obras Sociales sean quienes lleven la posta en este plano, mercantilizando la Salud, precarizando y reduciendo el número lxs trabajadorxs de este sector y fomentar así el “Negocio de la Enfermedad”.

 

SISTEMA DE SALUD ACTUAL

Es de conocimiento de todxs, que el Sistema de Salud actual, se halla en condiciones deplorables. El desabastecimiento, tanto en equipamiento tecnológico, medicamentos e insumos, como así también la falta de personal y de turnos de atención en Hospitales Públicos y Centros de Salud, se hace presente a lo largo del país. Esto, sumado a la problemática en el acceso y en el alcance a una medicina gratuita y de calidad, en territorios alejados de las grandes urbes, genera un sistema inequitativo.

Sin embargo, las problemáticas que presenta el sistema de salud no invalidan el hecho de que el sistema público debe alcanzar a todas las personas con carácter universal, esto está especificado en la Constitución Nacional, y las distintas normativas que rigen nuestro sistema de salud. Es decir ninguna persona puede quedar sin atención por falta de recursos. Se hace necesario entonces eliminar las inequidades y falencias del sistema público pero no en base al recorte de recursos y prestaciones a garantizar sino a partir de resolver los verdaderos problemas de equipamiento, infraestructura y condiciones de trabajo.

Por otra parte, quienes trabajan en el ámbito de la salud de atención pública, no se ven excpetxs al desfinanciamiento de este sector. La mayoría de lxs trabajadorxs, exigen el pase a planta permanente, mejores condiciones laborales y el aumento del salario en paritarias por encima del estipulado en la canasta básica.

Es necesario hacer referencia que estas condiciones en las que se presenta nuestro Sistema de Salud son arrastradas por las políticas implementadas durante el neoliberalismo de los años 90, las cuales han ido en aumento, persistiendo sin ser modiricadas incluso en los gobiernos considerados como progresistas. Entre ellas podemos nombrar, la descentralización y traspaso de la administración de los servicios de la Nación a las provincias, la formación de Hospitales de Autogestión y el gran poderío que forjaron las Empresas de Medicina Prepaga y algunas Obras Sociales (muchas de ellas provenientes de grandes gremios dirigidos por una burocracia sindical afín al kirchnerismo), quienes por falta de una regulación por parte del Estado tornaron y moldearon la desigualdad existente.

 

¿QUE ES LA CUS?

La Cobertura Universal Salud surge como estrategia, “recomendada” por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el BM (Banco Mundial), es decir desde organismos internacionales, con la finalidad de que aquellos países en vías de desarrollo mejoren las condiciones de ineficiencia de sus sistemas de Salud.

¿Qué plantea?

La CUS plantea la entrega de una suerte de seguro de salud, a aquellas personas que no presentan “cobertura médica”. De esta manera la persona tendrá acceso a un número básico y reducido de prestaciones, las cuales pueden ser realizadas tanto por el sector de atención público como del privado. En caso de que el seguro no cubra alguna prestación, no garantiza o no se aclara qué pasa o quién se hace cargo de aquellas prestaciones que quedan por fuera de la canasta básica. De este modo se habilita a la mercantilización de los servicios de salud y la terciarización de prestaciones que el sistema público no cubra, constituyendo una fuente de negocios para empresas de salud que brinden estas prestaciones vía mercado (sean costeadas por el Estado vía certificados de pobreza o por las personas con sus propios ingresos) . Y en caso de que la insitucion de atención publica, carezca del equipamiento optimo para su realización, esta pueda ser ejectuda por los la atención privada.

Puntualmente se orienta a relaltivizar y analizar cual rentables son las prestaciones, a cubrir las que generan un menor costo y a transferir las que no son cubiertas por este seguro sector privado, generando un incremento del capital financiero en obras sociales y empresas de medicina prepagas.

En nuestro país, alrededor de 20 millones de personas son usuarixs recurrentes de la atención publica. Siendo aquellxs trabajadorxs con contratos formales, quienes tienen acceso a obras sociales y a pre-pagas.

 

¿Cómo se financia?

Es a través del DNU 908/2016, que Macri promulga e implementa esta reforma. En el mismo establece que la CUS, será financiada a través de una reserva de capital acumulado, denominado Fondo Solidario de Redistirbucion. Se justifica el uso de este monto, el cual provenie del porcentaje de los aportes de los afiliados de las Obras Sociales para el financiamiento de diferentes programas de Seguridad Social, con el prextexto de que han sido utilizados de manera inequívoca e inoportunamente aplicados.

Establece además, que la Unidad Ejecutora de este presupuesto estará conformada de la manera más burócrata posible, por 2 representes de la Superintendencia de Salud, 2 del Ministerio de Salud de la Nación y 2 de la CGT.

El valor del FSR ronda alrededor de los 8000 millones de pesos, los cuales serán administrados para el financiamiento de la CUS de una sola vez, sin inversiones estimadas para el futuro. A fines prácticos y numéricos esto quiere decir, que si se redistribuye en los 20 millones de argentinxs que no poseen “cobertura”, se destinara a cada persona $510 (pesos). Es claro que no solo es un número excesivamente bajo, sino que solo servirá para cubrir un número reducido y restrictivo de prestaciones abocadas a la curación y diagnóstico de enfermedades, ajustables a las variables del mercado y lejos de toda idea de prevención y promoción de la salud.

Un punto de suma importancia, acompañando esta restricción en el acceso y uso en las prestaciones, lo tiene la AGNET. En paralelo a la promulgación del Decreto mencionado con anterioridad, se, aprueba a través de un proyecto de ley, la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (AGNET). Este ente será quien regulara los medicamentos, la metolodología diagnostica, los procedimientos médicos y quirúrgicos con la finalidad de optimizar su eficiencia y disminuir los costos de su compra y utilidad.

¿Cómo repercutiría en el Sistema de Atención Pública?

La CUS, no representa otra situación más, que la desvinculación del Estado como regulador, comprador y proveedor de los servicios públicos de salud. Implica un cambio drástico en la concepción de la salud como derecho, introduce la lógica de costo beneficio en la resolución de problemáticas de salud, plantea la lógica empresarial al interior de los efectores públicos quienes serán llamados a administrar los fondos según metas de productividad. Así se borra completamente la idea de salud integral a partir de la cual los equipos de salud no tienen por objetivo solamente resolver enfermedades sino trabajar en la perspectiva de la prevención y promoción de la salud interviniendo en los determinantes sociales que hacen a los procesos individuales y colectivos de salud enfermedad atención. Dejando así camino libre, para que las Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga aumenten su poderío, cambiando la lógica de lxs usarixs de los servicios de atención pública como clientes y a las enfermedades como eje potencial para incrementar su capital.

Preponderando la mirada mercantilista y con el pretexto de equiparar el servicio de atención pública con el de atención privada, se forjará un sistema de salud fragmentando y descentralizado. Este sistema se basará en la creación de hospitales autárquicas y autofinanciadas, en el cierre de instituciones de atención pública, en la desocupación por reducción del personal de salud, en la constitución de servicios tercerizados en hospitales, en la instalación de la idea de que las Fundaciones sean quienes inviertan en la salud, en el que las personas extranjeras serán excluidas y en el cual se aumentara la brecha, estratificando una medicina para pobres y una para ricos.

En nuestra Latinoamérica, la CUS ya ha sido implementada y esta vigencia desde hace años. En el año 1993, en Colombia dejo como saldo el cierre de 21 hospitales, generando miles de desocupadxs, la desmantelación de programas dirigidxs a la seguridad social, ya que no podían competir con el enriquecimiento en el alza del sector privado en el mercado de salud.

 

¿POR QUÉ NOS OPONEMOS A LA CUS?

Nos oponemos a los conceptos de “cobertura” y de “universal” ya que plantea la salud como un contrato y no como un Derecho. Nuestro sistema de salud actual está constituido legalmente y formalmente en la universalidad y en la gratuidad de su acceso, y como tal, es el estado quien debe grantizar un real alcance y acceso a todxs lxs ciudadanxs. Siendo este quien regule, administre, compre y provea las prestaciones de salud para el pueblo.

Quienes apostamos por una Salud Pública para y desde el pueblo, consideramos que este sea de calidad, equitativo, gratuito e integral.

Es por ello que luchamos junto al pueblo trabajador por:

  • El incremento del presupuesto invertido en salud de atención pública, de modo tal que hospitales y centros de salud se encuentren con la infraestructura, equipamiento, insumos y personal de salud adecuado.

  • Estatización de la producción de recursos materiales sanitarios y aparatología. Con producción de medicamentos y vacuas, bajo un plan estratégico para remplazar los que hoy se compran a la industria farmacéuticas.

  • Que se establezca el pase a planta permanente de quienes son trabajadorxs de salud, con condiciones laborales óptimas y aumentos de salarios resueltos por paritarias, por encima de la canasta básica.

  • Políticas concretas que planteen la prevención y promoción en salud, evitando asi el aumento de enfermedades no transmisibles, enfermedades de transmisión genital y enfermedades endémicas.

  • Correcta aplicación de la ley de Educación Sexual Integral.

  • Por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Evitando la muerte de miles de mujeres en la clandestinidad y el negocio de las clínicas privadas que lo realizan.

LLAMAMOS AL MOVIMIENTO OBRERO-ESTUDIANTIL, ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DEL COLECTIVO LGTB A OPONERNOS A ESTE INTENTO DE MACRI Y CORNEJO DE DESEESTRUCUTAR, CORROMPER Y PRIVATIZAR NUESTRO SISTEMA DE SALUD.

¡LUCHEMOS TODXS POR UNA SALUD PÚBLICA DE CALIDAD, GRATUITA, UNIVERSAL, EQUITATIVA Y VERDADERAMENTE UNIVERSAL!

LUCHEMOS POR UNA ARGENTINA SIN HAMBRE NI EXPLOTACION.

C.U.S (Cobertura Universal de Salud): Hacia la privatización de la salud pública